Corriente Alterna

Capítulo 2: Arturo Zaldívar, ¿un ministro Totalmente Palacio?

Entrevista: Juan Gómez

Invitado: Pedro Salazar Ugarte

Locución, música y producción: Yeudiel Infante

Presentación.

[Habla Yeudiel Infante] Una reforma que provocó una polémica inmediata y encendida. La han tachado de inconstitucional y de estar hecha con dedicatoria. El 15 de abril, en votación económica y sin discusión, la Cámara de Senadores aprobó el artículo 13º transitorio de la reforma al Poder Judicial, hoy conocido más como Ley Zaldívar, porque amplía de 4 a casi 6 años el periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta entonces Zaldívar era un reputado ministro que había ganado respeto por sus votos y posiciones incómodas frente a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En este podcast, Juan Gómez estudiante de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM conversa con el jurista Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pregunta: ¿Qué tan cerca está hoy el ministro Zaldívar de López Obrador? ¿Le ha faltado firmeza para defender la independencia del Poder Judicial? ¿Es correcto que llame a los jueces a “entender el mensaje de las urnas” cómo ha dicho?

[Efecto de sonido]

[Rúbrica] Corriente Alterna.

[Habla Pedro Salazar Ugarte] Mi nombre es Pedro Salazar Ugarte, soy investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace ya casi 7 años he sido su director. Voy a concluir este próximo año mi segundo periodo de dirección, tengo formación como constitucionalista, como abogado, como jurista, pero también tengo mi doctorado en teoría política y eso me permite abordar temas como el que nos ocupa el día de hoy, desde esta doble perspectiva, la perspectiva que tiene que ver con el derecho y las normas, pero también las implicaciones que tienen que ver o que tendrá digamos en la dimensión del poder, de la política, de la discusión pública, más allá del derecho.

[Habla Juan Gómez] El transitorio recientemente aprobado, que prolonga estos dos años la presidencia de Arturo Zaldívar e incluso los cargos del Consejo de la Judicatura Federal, ¿es constitucional?

[Pedro Salazar Ugarte] Es claramente inconstitucional, lo digo sin ambages y lo digo sin dudas de que hay normas expresas en la Constitución en el artículo 97 y en el artículo 100, claras, precisas y puntuales que establecen cuál es la duración de los mandatos, tanto de quien ocupa la presidencia de la Corte como de las y los consejeros de la Judicatura, y que con toda claridad dice que ese plazo es un plazo que no puede ser prolongado. Se dice con claridad que es un plazo definitivo, se marca el número de años y dice además la norma que no podrá reelegirse en el cargo a la persona que ocupa estos cargos; en ese sentido hay una norma constitucional, expresa, puntual y clara que permite afirmar que ese artículo transitorio es un artículo que contradice a la Constitución. En ese sentido es un artículo inconstitucional.

[Juan Gómez] ¿Es una amenaza a la independencia de la Suprema Corte?

[Pedro Salazar Ugarte] Sin duda es una amenaza a la independencia del Poder Judicial Federal en general ¿Por qué? Porque se trata de una norma establecida desde el Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo, que se entromete en los procesos y tiempos del gobierno del Poder Judicial. En ese sentido hay una intromisión del poder legislativo al Gobierno del Poder Judicial existiendo normas constitucionales expresas que establecen las reglas de funcionamiento del Poder Judicial. Además no olvidemos que también el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, se ha pronunciado a favor de esa ampliación de mandato y, en ese sentido, es una doble intromisión: una intromisión por parte del legislador y una intromisión por parte del Poder Ejecutivo a, vuelvo a decirlo, las reglas de funcionamiento del Poder Judicial Federal. Hemos dicho, algunas voces, que se trata de una amenaza a la independencia del Poder Judicial con muchas consecuencias, además, al interior de la propia Judicatura; entre otras, que de imponerse esta prolongación de mandato, me refiero específicamente al presidente de la Corte. Habría por ejemplo 3 ministros de la Corte que, legítimamente, hoy podrían aspirar a ser presidentes de la Corte pero, si sucede esta ampliación de mandato, ya no podrían serlo por la duración de sus propios encargos como jueces constitucionales.

[Juan Gómez] En 2018, Zaldívar publicó un artículo en donde pedía a los jueces que “entendieran el mensaje de las urnas”, así entre comillas. ¿Es el papel del poder judicial entender el mensaje de los votos o debe fallar solamente en apego a las leyes?

[Pedro Salazar Ugarte] Pues, ha sido muy polémica esa declaración del ministro presidente y otras más, más o menos en la misma dirección, que desde entonces ha venido colocando sobre la mesa. Eso ha generado además muchas suspicacias sobre su cercanía con el titular del Poder Ejecutivo. Yo coincido con la segunda parte de tu pregunta: los jueces y las juezas constitucionales están ahí para hacer valer el marco jurídico vigente. Es decir, su función es salvaguardar la vigencia de las normas constitucionales y de las normas legales. No les corresponde hacer valoraciones de carácter político sobre coyunturas específicas. A quien le corresponde eso es a quienes han sido electos y, legítimamente, son representantes populares o son titulares de órganos de Gobierno, que tienen su origen en las elecciones populares. Pero en el caso de los jueces y de las juezas su misión es una misión distinta, no la de ponderar y valorar el momento político en el que vive un país determinado sino el de garantizar la vigencia de las normas jurídicas que están plasmadas, vuelvo a decirlo, en la Constitución y en las leyes.

[Juan Gómez] ¿Usted considera que con esta declaración Zaldívar se extralimitó?

[Pedro Salazar Ugarte] Yo creo que en realidad se equivocó. Es decir, yo creo que lo que sucede con una declaración de ese tipo es que genera mucha confusión, genera polémica; genera un mensaje que no es sano hacia el interior de la Judicatura y, de nuevo, ha generado desde entonces una serie de suspicacias en algún sector de la opinión pública y publicada sobre su cercanía con el proyecto político del Gobierno en turno.

[Juan Gómez] Hablando de la cercanía que hay entre el presidente y el ministro Zaldívar ¿Usted qué opina sobre esta estas reuniones que se han dado últimamente? Van dos reuniones en Palacio Nacional entre el ministro Zaldívar y López Obrador.

[Pedro Salazar Ugarte] A ver, yo creo que el hecho de que haya un diálogo entre los poderes y una comunicación entre los titulares de los mismos, de suyo no es negativo y, de suyo, no debe de ser censurado por sí solo. No necesariamente es problemático. Recordemos que, por ejemplo, el presidente anterior de la Corte, el ministro Aguilar, con frecuencia aparecía y acompañaba al anterior presidente de la república, Peña Nieto, en muchos eventos. Eso pues no generaba mayores problemas; algunos no lo veíamos con muy buenos ojos pero, en realidad, pues ese tipo de diálogo y de presencia suele darse. El problema en el momento actual es que el conjunto de elementos: las declaraciones del ministro presidente, algunas decisiones muy controvertidas, como la declaratoria de constitucionalidad de la consulta popular para juzgar a los ex presidentes, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. El momento en el que se están decidiendo cosas muy delicadas en la Corte y que el propio presidente de la república, abiertamente, dice que él está cabildeando esas decisiones ante los ministros de la Corte… pues la verdad es que sí da mucho de qué pensar y sí creo que es algo que merece ser señalado, advertido y criticado.

[Juan Gómez] ¿Con esta actitud o con estas acciones, más bien, se está violando el código de ética que prohíbe justo este tipo de reuniones?

[Pedro Salazar Ugarte] Pues yo creo que sí, yo creo que además está alterando digamos la dinámica de distanciamiento y de equilibrio entre los poderes de la Unión. Y creo que eso es serio y grave para el estado constitucional de derecho. El principio de la separación de los poderes, el principio de la distribución y distinción de funciones y el principio de supremacía de la constitución, pues son principios fundamentalísimos en un estado constitucional que pretenda serlo. En ese sentido, este tipo de decisiones, este tipo de acciones, este tipo de encuentros, lo que hacen es erosionar a ese andamiaje institucional que nos hemos dado y que es el diseño de los estados modernos.

[Juan Gómez] Desde 1994 no ha habido un proyecto de reforma a la Ley Judicial como tal, ¿cuál es la importancia de esta reforma y cuáles son sus puntos principales?

[Pedro Salazar Ugarte] A ver, yo creo que primero sí hay que reconocer que desde 1994-1995 no había habido una operación de reforma tan ambiciosa al funcionamiento del Poder Judicial, como la que ha tenido lugar en este año 2021. En ese sentido, podemos decir que, por el lapso de tiempo, era necesaria una reforma porque las instituciones y las realidades van cambiando en el tiempo y es necesario realizar ajustes a las normas. Dos de los temas que se han identificado como problemáticos en el funcionamiento del Poder Judicial Federal, a lo largo de las últimas décadas, son algunos eventos y problemas de corrupción que sin duda los hay y los han habido al interior del Poder Judicial; y este fenómeno del nepotismo y de la falta de "meritocracia" para ingresar a la carrera judicial y para ascender en la carrera judicial.

Dos de las virtudes de esta reforma es que, en efecto, buscan no medidas que inhiban estas prácticas que permitan identificarlas y que permitan eventualmente sancionarlas. Ahora, también hay voces que han criticado algunos aspectos de esta reforma; hay algunos analistas como José Antonio Caballero, como Hugo Concha Cantú, que han advertido que si bien tiene bondades también tiene problemas: entre otros y esto es importante subrayarlo en el contexto actual, es que concentra muchas funciones y muchas decisiones en manos del presidente de la Corte que es, a la vez, el presidente del Consejo de la Judicatura. Ese problema, de concentrar en manos de un funcionario decisiones tan importantes, es precisamente una de las cuestiones que ahora se contamina aún más cuando se propone prolongar el mandato de quien actualmente es titular de esa presidencia. Y hay que decir una cosa adicional, Juan, si me lo permites, sobre otro problema de ese artículo transitorio. Ese artículo transitorio es una norma que se conocen como normas privativas, es una norma que está destinada a beneficiar a personas determinadas con nombre y apellido concreto y, en ese sentido, se rompe un principio fundamental de toda norma jurídica que es el principio de abstracción de la norma: las normas deben ser abstractas y generales, se dice. Bueno pues, en este caso, es particular y privativa y también por ese motivo considero que se trata de una norma inconstitucional.

[Juan Gómez] A este proyecto se le ha llamado, incluso en medios, varios actores políticos lo han llamado una forma de depuración; el presidente López Obrador tiene mucho interés en que Arturo Zaldívar encabece este proceso de depuración.

[Pedro Salazar Ugarte] Es que hay un problema. Lo que necesitamos son instituciones fuertes, no instituciones digamos que dependan de personalidades por más respetadas y distinguidas que estas sean. Yo no pongo en duda ni la formación ni la solidez como constitucionalista del presidente de la Corte, lo que sí sostengo es que no podemos hacer depender toda una institución, tan importante como el Poder Judicial, del liderazgo de un solo individuo. Lo que tenemos que hacer es apostar por la institucionalidad de las nuevas normas, de las nuevas dinámicas y debemos de contar con que el Poder Judicial en su conjunto será el que se transformará. Y hay otro dato adicional, Juan. Aun concediendo que fuera muy importante el liderazgo de la persona en concreto que hoy encabeza al Poder Judicial, ni siquiera lo lograría en dos años más de mandato. Porque una reforma como la que se aprobó va a tardar muchos años, décadas en implementarse, entonces sujetarlo a la titularidad de un individuo en concreto pues es… errado y es también inoperante. Y, además, la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia no debe depender de la confianza que le tenga el titular del Poder Ejecutivo. Es decir, que el presidente confíe o no en el ministro Zaldívar es un asunto entre ellos, pero no puede ser la causa o la razón de la permanencia en la presidencia de la Suprema Corte de un funcionario muy importante para el Estado que es designado en elección abierta por sus pares en la Corte y que es designado para un período constitucionalmente establecido de 4 años. Entonces, en ese sentido, la confianza o no del presidente de la República en el presidente de la Corte es irrelevante para los fines que aquí nos interesan. De hecho entre más controles existan desde el Judicial hacia el Poder Ejecutivo más se consolida a nuestro Estado de Derecho. Por lo mismo, que el presidente de la República tenga una situación, digamos, de tensión con el Poder Judicial en general es normal en un estado constitucional porque el Poder Ejecutivo impulsa acciones, emite decretos, impulsa iniciativas de ley y, además, si tienen mayoría legislativa, pues logra aprobar las que pueden ser susceptibles de control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad está a cargo del Poder Judicial de la Federación y, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia. El papel de los jueces es revisar esas decisiones y garantizar que si no son compatibles con la Constitución, no surtan efectos. En ese sentido el Poder Judicial tiene un poder de contrapeso del Poder Ejecutivo y de contrapeso a las mayorías legislativas: esa es su misión institucional, para eso queremos a los jueces, para que controlen las decisiones de los otros poderes y para que expulsen del ordenamiento aquellas decisiones que no son compatibles con la Constitución que nos hemos dado.

[Juan Gómez] La trayectoria, el perfil de Arturo Zaldívar como ministro es una de las variantes o de los argumentos con los que López Obrador lo está impulsando o pretende que encabece esta reforma judicial. ¿Hay otros ministros que podrían encabezarla? ¿O por qué este interés de que solo Zaldívar sea el encargado?

[Pedro Salazar Ugarte] Eso es algo que valdría la pena tener mayor claridad sobre esas intenciones… que no es fácil leerlas porque leer intenciones nunca es fácil. Podemos decir que el perfil del ministro Zaldívar es un perfil muy interesante, pues es el primer presidente de la Corte que no proviene de la carrera judicial; un abogado muy destacado, constitucionalista experto en materia de amparo, que ingresa directamente a la Suprema Corte como ministro durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón, que impulsa algunos proyectos de sentencias y algunas incluso decisiones judiciales muy muy importantes, incluso muy controvertidas y que en su momento le causaron mucha molestia al presidente –en aquel entonces Calderón y, posteriormente, al presidente Peña Nieto–, que llega a ser en un segundo intento, porque la primera vez no lo logró en una sesión maratónica de muchísimas votaciones en la que quedó el ministro Aguilar como presidente de la Corte; en un segundo intento logra la mayoría de sus pares, se convierte en presidente de la Corte y al muy poco tiempo le toca el cambio de gobierno nacional y la llegada del presidente López Obrador.

Entonces, pues es una trayectoria interesante, que le han tocado vivir momentos muy relevantes y que, por razones que podemos mirar, ha tenido una cierta empatía, déjame decirlo así, con el presidente de la República. Pero, vuelvo a decirlo, lo que debemos hacer es consolidar a las instituciones en sus plazos, en sus dinámicas y en sus reglas constitucionales. En ese sentido, si la Constitución dice que son 4 años, son 4 años, diga lo que diga el legislador, diga lo que diga el presidente de la República. Y claro que hay otros ministros y ministras potencialmente que pueden encabezar el Poder Judicial, encabezar al Consejo de la Judicatura y que tienen la capacidad indiscutible, pues por eso son ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de implementar las nuevas normas que se acaban de aprobar en materia de gobierno del Poder Judicial.

[Juan Gómez] Retomando este aspecto de la relación Zaldívar-López Obrador, ¿esta extensión de mandato funciona como una palanca para despejar o para pavimentar el camino a reformas que son muy importantes para esta administración, por ejemplo, la ley de Industria eléctrica, la ley de hidrocarburos o el reciente padrón de telefonía móvil?

[Pedro Salazar Ugarte] Pues a ver, se ha generado una polémica también en torno de esos temas, hay jueces, en plural porque luego solo se mira uno, pero hay jueces federales que han otorgado amparos a distintas personas en esas materias que ahí se señalan, sobre todo en las dos primeras. Esos amparos han llegado, digamos, a congelar los efectos de reformas muy controversiales, muy técnicas y que, además, hay que decirlo, pues forman parte de la agenda prioritaria del gobierno actual. Lo que sucede es que los jueces han considerado que esas reformas legales contravienen las disposiciones constitucionales. Y como no ha habido un cambio de la Constitución pues dichas reformas, a juicio de estos jueces, son inconstitucionales y no deben surtir efectos. Tarde o temprano esos casos pueden terminar en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será una mayoría, en algunos casos calificada de ministras y ministros, quien tenga la última palabra sobre la validez o invalidez esas leyes y por lo mismo es tan importante, Juan, garantizar la independencia de la Suprema Corte de Justicia frente al Poder Ejecutivo y Legislador, porque como bien decías en otra pregunta, el razonamiento y las decisiones de los jueces debe de estar apuntalado únicamente en lo que la Constitución establece, hay un escenario, Juan, que podría explorarse, que no se ha explorado, que es el de que se reformara la Constitución, es decir que el Gobierno, si lograra las mayorías necesarias, cambiara las reglas constitucionales y entonces ya estaríamos en otra discusión porque ya no tendríamos el problema de que una ley secundaria sea inconstitucional porque pues las reglas constitucionales serían otras, pero mientras no se cambie la Constitución, es altamente probable, porque yo no conozco a detalle y son muy técnicas esas leyes, pero es altamente probable que esas leyes sean incompatibles con la Constitución como ya lo han dicho algunos jueces y que por lo mismo deban de declararse inconstitucionales.

[Juan Gómez] Hubo una declaración bastante sonada del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán: “pareciera que tenemos el enemigo dentro del Poder Judicial”. ¿Cómo o qué mensaje manda esta declaración de un secretario de Marina?

[Pedro Salazar Ugarte] Es sumamente delicada, es muy preocupante y creo que debe de ser inmediatamente señalada. Ya debió de haber sido rectificada, máxime en un contexto en el cual las Fuerzas Armadas están realizando lo que no deberían realizar, que son labores de seguridad pública. Y no deberían realizarlo porque la Constitución no lo permite, y no deberían realizarlo porque es una estrategia de combate que, además de que se ha demostrado ineficaz en materia de seguridad pública, pone en riesgo a los principios fundamentales de un Estado constitucional y democrático. Dicho esto, si en ese contexto un secretario, en este caso de Marina, apunta discursivamente hacia los jueces y advierte hacia los mismos cuerpos de seguridad militar que la Judicatura, que es el poder que debe de proteger nuestros derechos, es su enemigo pues está generando un contexto muy adverso al estado constitucional y, sobre todo, muy amenazante para los derechos humanos, para los derechos fundamentales, de todas y todos las personas en este país. Hay que decir que no es la primera vez, Juan, en su momento cuando el presidente Calderón inició con la estrategia que ahora el presidente López Obrador ha incrementado de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales, también hubo momentos en que el entonces secretario de la Defensa hizo algún tipo de declaraciones también muy hostiles contra la Judicatura, el propio presidente Calderón secundó esas decisiones. En aquella ocasión hubo una respuesta contundente, firme, clara, por parte del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza. Yo lamento que ahora lo único que hayamos visto es un mensaje de Twitter de parte del presidente Zaldívar y no un posicionamiento mucho más firme por parte del Poder Judicial en su conjunto. Es verdad que existe un posicionamiento de la Asociación Nacional de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas, eso es verdad. Y que también esa asociación se ha pronunciado en contra de la prolongación del mandato del presidente de la Corte y de los consejeros de la Judicatura. Pero esa es una asociación civil que, si bien reúne a muchas y a muchos de los juzgadores federales del país, no es la voz del Poder Judicial de la Federación, la voz del Poder Judicial de la Federación. La voz del Poder Judicial de la Federación es sobre todo la del ministro presidente y yo creo que el ministro Zaldívar, frente a las declaraciones del secretario de Marina, debió y debería ser mucho más categórico y mucho más contundente.

[Juan Gómez] Justo le quería preguntar sobre esta respuesta que da Zaldívar. Se da esta aprobación el 15 de abril y él guarda un silencio de días... ¿Cómo fue recibida esta respuesta de un comunicado que emite desde su cuenta de Twitter? ¿Cómo fue recibida en el ámbito académico?

[Pedro Salazar Ugarte] A ver, yo creo que hay dos lecturas posibles de ese silencio, la lectura digamos favorable a la decisión del ministro Zaldívar, en el sentido de no pronunciarse en tanto la reforma no fuera publicada y no pronunciarse sobre el fondo de la misma, cosa que no ha hecho, en tanto que el ex ministro de la Suprema Corte y el caso podría, puede, es probable que termine llegando a la propia Corte para que sea el pleno de la misma el que determine si el transitorio es constitucional o no. Esa es, digamos, una interpretación posible, una interpretación jurídicamente que me parece atendible y es la que él mismo ha argumentado. Sin embargo, también hay quienes desde otra perspectiva han dicho que aquí lo que hacía falta no era un pronunciamiento de fondo jurídico sobre la constitucionalidad o no del artículo transitorio, sino simplemente un posicionamiento público, en el que el presidente de la Corte para quitar tanta zozobra, tanta inquietud, tanta preocupación que ha generado este artículo transitorio, simple y sencillamente –como de hecho lo hizo el consejero de la Judicatura Bernardo Bátiz–, dijera públicamente: “Pues yo no sé qué vayan a aprobar, no sé qué se vaya a decir sobre ese transitorio, pero yo me voy a ir cuando termine mi mandato al término de 4 años porque eso es lo que dice la Constitución”. Con eso hubiera distendido mucho el ambiente y hasta el día de hoy no lo ha hecho… y yo creo que ya no lo va a hacer. Así que incluso es probable, se dice, él mismo ha dejado entrever, que él se abstenga de participar en la votación. Que eso no es tan sencillo tampoco: para que un ministro de la Corte pueda no participar, entre otras cosas requiere de la anuencia de sus demás colegas en la Corte y bueno, pues ese asunto es de pronóstico reservado, no sabemos hacia dónde va. Lo que sí es altamente probable es que más pronto que tarde llegue la famosa acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

[Juan Gómez] Durante esta votación, ¿cómo podemos entender que algunos senadores del PRI y del PRD, que son oposición, votaron a favor de esta inclusión del artículo 13º transitorio?

[Pedro Salazar Ugarte] Pues mira, ahí de nuevo Juan, hay distintas maneras de interpretarlo. Hay algunos de ellos han dicho que no se dieron cuenta, lo cual pues es una disculpa pues muy poco atendible. Y pues también lo otro es que en ese terreno legislativo la negociación política como bien sabemos forma parte de las dinámicas y no está mal, Juan, porque son órganos políticos y son órganos en los que lo que buscan las distintas fuerzas políticas es lograr mayorías para impulsar sus agendas, en ese sentido, que eso suceda en el Legislativo pues lo podemos reprobar desde un punto de ética política, lo podemos cuestionar desde un punto de vista de la incongruencia que supone, pero sabemos que puede suceder. Lo que no debe suceder es que un artículo que logró mayoría legislativa pero que contradice a la Constitución surta efectos. Para eso regresamos a nuestro punto, para eso están los jueces y para eso está la Suprema Corte de Justicia: para que ese artículo no surta los efectos que pretendieron quienes lo aprobaron.

[Juan Gómez] ¿Existe un precedente sobre ampliación de periodos que pueda sostener o que pueda impugnar la legitimidad de la Ley Zaldívar?

[Pedro Salazar Ugarte] A ver, hay un precedente que ha sido muy ominoso: es el precedente de la ampliación de mandato de algunos, porque no fueron todos, de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un evento muy criticado también, muy desaseado, muy incluso penoso, tomaron posesión un día y luego regresaron a los dos días para volver a tomar posesión estos magistrados...

[Juan Gómez] Disculpe, en qué año fue este precedente.

[Pedro Salazar Ugarte] Es en la designación de estos actuales magistrados, no quiero errar exactamente en el año preciso, pero mi cálculo es que debe haber sido por ahí de dos mil... durante el periodo de Peña Nieto o sea en el gobierno anterior, con la legislatura anterior también o sea previo a 2018. Y se les amplía... 2015 yo creo que debió haber sido una cosa así, se les amplía a estos magistrados el periodo del mandato. Desde entonces muchas voces advertimos que eso era una amenaza a la independencia de los magistrados electorales, llegó el caso a la Corte y en una votación dividida, a pesar de que había un proyecto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponiendo la inconstitucionalidad, no se logró la mayoría de ocho votos y se impuso la ampliación del mandato. Esos magistrados, los actuales magistrados y magistradas del Tribunal Electoral han sido profundamente cuestionados y criticados precisamente por tomar decisiones que parecen indicar que su independencia no es tal. Se les ha criticado a una mayoría por haber votado a favor de las posturas de algunas decisiones muy polémicas, cuando el gobierno anterior era el que estaba en el mando. Es decir, decisiones a favor del PRI, en aquel momento, y ahora una serie de decisiones a favor del partido Morena desde el día uno, en el que se cuestionaron por ejemplo los gastos de campaña y el manejo de los recursos en la campaña política de 2018. Es una muy buena prueba de que la imparcialidad judicial sí puede verse comprometida si los propios jueces aceptan una ampliación de mandato que proviene de un acuerdo político, porque se ven beneficiados de una decisión que es a todas luces inconstitucional; eso compromete su criterio, compromete sus decisiones y merma su imparcialidad.

[Juan Gómez] Un término empleado por la oposición, incluso en medios, para definir la Ley Zaldívar ha sido “golpe de Estado a la Corte”. ¿Usted coincide en llamarlo de esta manera? ¿Por qué sí o por qué no?

[Pedro Salazar Ugarte] Me parece que hay que reservar el tema de golpe de Estado para lo serio que es un golpe de Estado y que tiene otra serie de implicaciones y supone otra serie de cuestiones de una gran seriedad en un régimen político. Yo creo que es un golpe constitucional a la independencia de la Corte. Y con eso basta. Con decir es una decisión que compromete la independencia del Poder Judicial y que supone una intromisión por parte de los otros poderes en las dinámicas de funcionamiento del mismo. Con advertir eso es más que suficiente para decir: “Aquí estamos frente a algo muy serio que no debe no debe de surtir efectos”.

[Efecto de sonido]

[Rúbrica] Corriente Alterna.

Créditos

[Yeudiel Infante]

Entrevista: Juan Gómez

Edición: Emiliano Ruiz Parra

Música, producción y locución: Yeudiel Infante

La Unidad de Investigaciones Periodísticas agradece a Radio UNAM por su apoyo para la grabación de este podcast.

[FIN DEL PODCAST]

Semblanza del invitado

Licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en filosofía política por la Universidad de Turín.

Es acreedor de premios y reconocimientos como la medalla al Mérito Académico del ITAM en 2011 y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel III. M. Ha desarrollado estancias de investigación en Italia y en Argentina. Es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina (SELA) auspiciado por la Universidad de Yale.

Ha publicado varias obras como Derechos Humanos y Restricciones. Los dilemas de la justicia (en coautoría con Luis Daniel Vázquez y Alejandra Medina Mora), Derecho y Poder. Derechos y garantías (Fontamara, 2013), Crítica de la mano dura. Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades (Océano, 2013).

En 2019 participó como candidato en el proceso de elección de rector de la UNAM. Es integrante del Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje.