Transcripción de Por la Dignidad Humana

Capítulo 7: Justicia transicional en México

Anfitrión: Jacobo Dayán

Invitado: Luis Daniel Vázquez

Intro: I had a dream that all man are created equal (voz de Martin Luther King). CulturaUNAM presenta. Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los Derechos Humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar [Dos voces de locutoras] [Fragmento de El Aguante de Calle 13]. Por la Dignidad Humana. Un podcast de la Cátedra Nelson Mandela.

[Habla Jacobo Dayán]: Qué tal, soy Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra [Extraordinaria] Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. En entregas anteriores a este episodio hablamos sobre los posibles crímenes contra la humanidad en México o si en México hay un conflicto armado interno.

El día de hoy entrevistó a Luis Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la violencia en México; tratar de entender la violencia y cuáles son las salidas para poder acabar con la violencia, acabar con la impunidad y construir paz. Luis Daniel, tú has trabajado mucho el tema de violencia en México y hablas sobre redes de violencia y no grupos criminales aislados, cómo operan estas redes de violencia en nuestro país.

[Habla Luis Daniel Vázquez]: Ésa es una muy buena pregunta y creo que por ahí podemos empezar, por analizar lo que son las redes de macrocriminalidad. Hay, al menos, cuatro características que permiten identificar una red de macrocriminalidad. La primera es que está conformada por tres estructuras, por la estructura directamente criminal, que en el caso de México fácilmente se reconoce con los carteles. Hay una estructura también empresarial, pero tiene una tercera estructura que es la estructura política. Y esto último es muy importante porque, en la medida que tienes una estructura política, también tienes una demanda explícita de impunidad; de lo que tratan de hacer estas estructuras políticas, que todas las actividades que realiza la red de macrocriminalidad, los actos ilegales, pues se mantengan justamente en impunidad.

La segunda característica es que cometen muchos distintos tipos de delitos: desapariciones, asesinatos, trata de personas, redes de extorsión y, obviamente, muchísimos delitos de corrupción, en fin. Tienen en consecuencia también una multiplicidad de víctimas. Y la cuarta característica, que esta es muy importante, es que tienen cierto control sobre determinado territorio. Y esto es muy importante porque entonces lo que tenemos ahí, en la medida que tienes pues, obviamente, políticos pero también criminales que hacen uso de la violencia, y también empresarios, y además tienen ese control sobre el territorio, entonces el fenómeno que se conforme es algo que nosotros llamamos gobernanza criminal. Tienes a grupos criminales pero aliados con políticos gobernando, gobernando a miles, o a veces, hasta a millones de personas y, obviamente, gobernando para los objetivos ilegales de la propia red, entonces esto se conforma como gobernanza criminal.

Nosotros lo tenemos en amplias regiones de México pero pues también podemos identificar otras zonas de gobernanza criminal, como las maras en Centroamérica o también las milicias en Brasil o también los paramilitares, por ejemplo en Colombia. Entonces, ese tipo de fenómenos son los que nosotros identificamos como gobernanza criminal.

En el caso de México, en concreto, la relación entre la política y el crimen es en realidad bastante longeva, fíjate que nosotros la podemos rastrear sin demasiado problema hasta mediados del siglo XIX, cuando incluso hablar de estado, estado mexicano me refiero, pues era mucho decir, en 1850, te podrás imaginar. Sobre todo en la parte norte del país y eso se debe, entre otras cosas, pues obviamente, a los más de tres mil kilómetros que nosotros compartimos con Estados Unidos, en donde el principal objetivo de estas redes de criminalidad y, desde su relación con el gobierno, pues era obviamente el pasar mercancías de forma ilegal.

Después, estos grupos del crimen se fueron acercando cada vez más a las ciudades capitales de las entidades del norte y, después, tejieron redes hacia la capital [del país], hacia lo que entonces era el Distrito Federal. Y en la medida de que nosotros conformamos un régimen de partido hegemónico, que en consecuencia tenía un presidencialismo fuerte, bueno, pues ese presidencialismo centralizó muchas cosas y, entre esas otras, por supuesto centralizó también la relación entre la política y el crimen. Sin embargo, cuando vienen los años de transición a la democracia, en particular con la alternancia del 2000, lo que nosotros tenemos con ese proceso de alternancia pues es una fragmentación del poder político y, junto con esa fragmentación del poder político, también tenemos una fragmentación de la relación entre el crimen y la política; en donde los actores locales, en particular los gobernadores, pero también los fiscales y, por supuesto, los jefes de policía, pues empezaron a cobrar mucha más relevancia. Entonces, el gran lío que tenemos es que así operan nuestras redes de macrocriminalidad y así opera la lógica de la gobernanza criminal.

Mira, para dos ejemplos como muy claritos. Lo primero que hacen es tratar, por ejemplo, de desviar las investigaciones. El caso más claro pues es precisamente el de Ayotzinapa. Pero funcionan o pueden funcionar de forma mucho más aceptada cuando incluso impiden cualquier tipo de investigación. Y en ese caso, el ejemplo más claro es, sin duda, la masacre de Allende, en donde como sabes durante muchísimos años no tuvimos ni siquiera una nota de periódico de que esta masacre contra alrededor de trescientas o cuatrocientas personas (no tenemos un número determinado de las personas que fueron desaparecidas durante esa masacre), pues ni siquiera tuvimos una nota de periódico. Entonces ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en México, el problema de la gobernanza criminal y de cómo vamos a recuperar esos espacios en donde, prácticamente, perdimos la soberanía.

[Jacobo Dayán]: Esto que comentas; Luis Daniel, suena muy grave. ¿Está en riesgo la democracia mexicana? Es decir. ¿Estamos ante un estado fallido o un estado cooptado?¿Cómo opera la impunidad? ¿Cómo operan estos que se conocen como pactos de impunidad? Y bueno, pues qué tipo democracia tenemos entonces.

[Luis Daniel Vázquez]: Sí, bueno, hay que decirlo con toda claridad, en la medida que tenemos procesos de gobernanza criminal lo que se pone en riesgo es nuestra democracia, ¿no? Lo que tenemos es pues, obviamente, un gobierno que sirve para esas redes de macrocriminalidad, entonces eso…lo que se pone en riesgo… digo, podemos obviamente tener elecciones y que esas elecciones sean medianamente limpias, pero el gran problema que tenemos es que las decisiones políticas que se toman por los gobiernos en turno, en especial, por los gobiernos locales (pero no solo), pues obviamente son decisiones que tienen por objeto recuperar los principales intereses de esas redes de macrocriminalidad o mantener a esas redes en la impunidad. Entonces, sin duda, lo que se pone en riesgo es la idea básica de democracia, que es la construcción de un gobierno que genera un bienestar general. Eso es lo que se pone sin duda en peligro. Y parte de ese peligro tiene que ver, como bien dices, con ese pacto de impunidad. En realidad, el pacto de impunidad es herencia del viejo régimen, tiene que ver con ese régimen presidencialista, en particular de partido hegemónico, en el cual, pues un presidente sabía que podía hacer lo que quisiera, absolutamente lo que quisiera porque pues el que le iba a seguir era un presidente de su mismo partido, entonces no iba a ser investigado. Esa fue la forma que encontraron para poder fundamentar el régimen de partido hegemónico, en la medida que yo sé que no me van a investigar, pues estoy dispuesto a dejar el poder y no pasa nada y así pudieron segmentar el poder durante tantos años, directamente con los gobiernos del PRI. El gran lío es que nosotros pensamos que con la transición a la democracia, pensamos que con la alternancia pues, obviamente, se iba a romper ese pacto de impunidad, porque la idea básica de los pesos y contrapesos y la rendición de cuentas en la democracia, es que si llega un gobierno de oposición va a hacer una revisión de qué fue lo que sucedió en actos de negligencia y mala toma de decisiones o, directamente, en delitos, que ese es el gran problema que tomó el gobierno anterior y eso, lamentablemente, no sucedió. El pacto de impunidad se mantiene con el gobierno de Vicente Fox, la FEMOSPP [Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado] no funcionó como nosotros hubiéramos esperado, el pacto impunidad tampoco se rompe con Felipe Calderón y tampoco se rompe con Enrique Peña Nieto, al menos no con respecto a los dos gobiernos panistas anteriores, obviamente, no se iba a romper con respecto a los gobiernos priístas.

Había un muy buen contexto, en diciembre de 2018, para arrancar ahora así una ruptura de ese pacto de impunidad y, lamentablemente, eso no sucedió. Lo que siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la política que él denominó “Olvido no pero perdón sí” y, además, agregó en su toma de protesta “es hora de poner un punto final y de recomenzar”. Entonces, pues no se hicieron las investigaciones que nosotros hubiéramos esperado, entonces tampoco se rompió con ese pacto de impunidad. Y lo más grave, además, de estas herencias del viejo régimen es que, bueno, se mantiene también un uso político de la justicia, se va determinando a quién se investiga y a quién no, pero a partir de criterios estrictamente políticos o a partir, incluso, directamente, de amenazas; aunado a que, bueno, nosotros ya teníamos un grave problema, tanto con los cuerpos de seguridad, como con los cuerpos de procuración de justicia, porque pues si tienes gobernanza criminal por un lado, pacto de impunidad, por otro lado y, además, un uso político de la justicia, bueno pues vas generando prácticas en la burocracia, vas generando culturas organizacionales que son necesarias para este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, tienes policías, policías de investigación, fiscales que mantienen prácticas de corrupción, prácticas de impunidad, normalización de violaciones graves a derechos humanos, como puede ser la tortura o como puede ser incluso la desaparición, ¿no? Y, esto además, permeado durante décadas, porque como te decía hace un rato pues, en realidad, la relación de la política con el crimen, pero también, obviamente, el pacto de impunidad y también el uso político de la justicia es algo que ha marcado a nuestro país desde hace décadas, entonces a eso es a lo que nos enfrentamos y por eso, el gran problema ahora, el gran lío ahora es cómo vamos a romper con ese pacto de impunidad. Y a veces pareciera que es prácticamente imposible.

[Jacobo Dayán]: Ante este entorno que planteas, mucho se ha discutido en México y se empieza a hablar de este término de justicia transicional. ¿A qué se refiere la justicia transicional, entonces?

[Luis Daniel Vázquez]: Sí, justamente la justicia transicional puede servir para esto. En principio la justicia transicional se fue desarrollando a lo largo de los años cuando nosotros teníamos el paso de una dictadura que, además, había cometido violaciones sistemáticas o violaciones generalizadas, en materia de derechos humanos, a un régimen democrático. Entonces, ahí se hacía pues un proceso de verdad, pero también un proceso de justicia, al tiempo que se consolidaba…pues, las elecciones, al menos, ¿no? Y, entonces, había un trade office, el problema es que siempre tiene que haber una negociación entre verdad y justicia, aunado a generar pues los incentivos necesarios para tener también ese tránsito, en la medida de lo posible, pacífico de las dictaduras a procesos democráticos. Entonces, ahí cuentan cosas como comisiones de la verdad, pero también hay comisiones de investigación, en fin, hay distintos mecanismos, a veces funcionan mejor, a veces peor, pero eso es parte del trabajo.

Lo que sí se ha ya documentado, en específico por Kathryn Sikkink, en un libro muy bueno que se llama La cascada de la justicia, es que aquellos países que tienen procesos de justicia transicional, a la larga, lo que parece que no necesariamente es la aplicación de una investigación dura… y de penas duras sobre los dictadores o sobre los violadores, en materia de derechos humanos, a la larga, de todas maneras funciona muy bien porque lo que te permite es consolidar tus sistemas de seguridad, porque lo que queda claro ahora es que nadie está por encima de la ley, que nadie va a quedar en impunidad; ni siquiera esos que eran parte de la junta militar ni siquiera esos que eran los principales generales que ordenaban las más graves violaciones a derechos humanos, y aunado a que tienes un proceso también de consolidación de tus propios sistemas de seguridad, y, también, beneficia para que funcionen mejor tus sistemas de procuración de justicia, tus fiscalías.

Kathryn Sikkink hace una gran base de datos, analiza qué países tuvieron justicia transicional en algunos de sus procesos políticos, cuáles no. Y lo que encuentra es que, justamente, aquellos que sí tuvieron uno o dos mecanismos, es decir no sólo una Comisión de la Verdad, sino también mecanismos de justicia, se encuentran en los siguientes años con órganos de seguridad, con órganos de procuración de justicia, más fiables, más democráticos, más consolidados. Entonces sí, son muy útiles para este proceso, sin duda, los mecanismos y los órganos de justicia transicional.

[Jacobo Dayán]: Entonces, México requiere de estos mecanismos de justicia transicional. ¿Qué tipo de mecanismos extraordinarios son los que se requieren?

[Luis Daniel Vázquez]: Bueno México, requiere mecanismos extraordinarios de justicia transicional, primero, porque los ordinarios no están funcionando, ¿no? Nuestras policías están, muchas de ellas, capturadas. Hay que recordar que nosotros tenemos más de dos mil cuerpos de policía. Y muchas de ellas se encuentran trabajando para estas redes de macrocriminalidad, son parte de la gobernanza criminal y, bueno, nuestras fiscalías ni se diga, pues obviamente, también muchas de ellas son parte de esta gobernanza criminal. Entonces, necesitamos mecanismos extraordinarios porque los ordinarios no están funcionando. Pero, además, necesitamos mecanismos extraordinarios por el volumen y el tipo de violaciones a derechos humanos. Ya varios órganos de Naciones Unidas han establecido que tanto la tortura, como la desaparición, en el caso de México, son prácticas generalizadas, son violaciones a derechos humanos de carácter generalizado, entonces esto hace que necesitemos justamente este tipo de mecanismos extraordinarios de justicia transicional.

Hay un par de cosas que suelen poner en duda el uso de estos mecanismos; la primera, es que en México no es una dictadura y no nos encontramos en un proceso de transición a la democracia. Y eso es cierto, de hecho, de las cosas más interesantes de las redes de macrocriminalidad y la gobernanza criminal… operan en un régimen democrático, se acostumbraron a operar… es una característica de nuestra democracia, una de las características de nuestra democracia es que se desarrolla a través de procesos de gobernanza criminal en amplias regiones. Y, de hecho, a las redes de macrocriminalidad no les molesta la democracia ni quieren acabar con la democracia ni nada por el estilo, por el contrario, se han acostumbrado a funcionar en torno a ella y lo hacen muy bien. Entonces, en realidad, lo que sí nosotros tenemos que hacer es transitar pero no de una dictadura a una democracia, sino transitar de un estado criminal o de un estado con gobernanza criminal, a una situación de paz, a un estado de paz, pero sobre todo de paz duradera, y, evidentemente, pues a un estado que tenga una gobernanza más bien con características civiles, entonces, ése es el tránsito que nosotros tendríamos que hacer.

Entonces, hay un par de mecanismos extraordinarios que son los que suelen poner sobre la mesa; uno de ellos es, bueno, obviamente, la Comisión Nacional de la Verdad, esa comisión lo que nos va a permitir es tener patrones estructurales. Y, bueno, primero lo que nos va a permitir es dotar de verdad a las víctimas, que es lo más importante. Pero, además, nos va a permitir también identificar los patrones estructurales de las violaciones a derechos humanos, a través de la información o el intercambio de información que ahí se logre. Y no solamente con las víctimas sino, especialmente, con los victimarios, con los integrantes de estas redes de macrocriminalidad. Entonces, por eso se torna muy importante y con eso podemos emitir una serie de recomendaciones, además de las cosas que tendríamos que modificar, tanto en nuestros sistemas de seguridad, como en los sistemas de procuración de justicia. Y en la medida que nuestra fiscalías no están funcionando, bueno, para eso también es muy relevante un mecanismo internacional contra la impunidad en dos sentidos. Por un lado, porque en vez de analizar caso por caso, que ese es el error que nosotros tenemos en las fiscalías, además de que están capturadas, pues los mecanismos internacionales contra la impunidad piensan en términos de criminalidad compleja y, sobre todo, piensan en cómo vamos a desmantelar esas redes de macrocriminalidad. Entonces, por ahí se hace muy importante tener este tipo de mecanismos. Pero, además, porque estos mecanismos tienen, obviamente, una fortaleza política con la que no cuentan las fiscalías. Imagínate, si lo que tienes que enfrentar es a un policía de a pie que recibió un soborno, pues eso es muy sencillo y lo podría hacer cualquier fiscal. Pero si lo que tienes que enfrentar es a un presidente o un ex presidente, con su gabinete, que además forman parte de una red de macrocriminalidad y que, además, tienen muchísimo potencial económico. Bueno, pues, obviamente, eso se torna bastante más complicado para un fiscal y por eso es que se hace relevante que sea un mecanismo que tenga muchísima más fortaleza política, por eso el acompañamiento que se puede dar a través de órganos como las propias Naciones Unidas. Entonces, ese es el segundo punto que se torna también muy importante para estos dos.

Lo cierto es que para el caso de México, tal como nos encontramos en este momento, estos mecanismos extraordinarios de justicia transicional serían insuficientes si no vienen acompañados de procesos de construcción de paz, sobre todo a nivel local. A nivel local, porque si bien es cierto que tenemos poco más de una decena de carteles, también es cierto que tenemos más de cuatrocientas células armadas en México, y esas células armadas operan a nivel local. Entonces, tenemos que ir, región por región, a tratar de desmovilizar por un lado, desarmar pero, también, y esto es muy importante, a reinsertar socialmente a los integrantes de la base criminal, a través de incentivos individualizados, porque una cosa es la que vas a ofrecer a los sicarios, otra distinta la que puedes hablar con los halcones y, otra diferente, con los lavadores que, probablemente, será también muy distinta de la que tú puedas charlar con los lugartenientes. Entonces, tenemos que hacer ese proceso de desmantelamiento, desde abajo de las redes de macrocriminalidad para que, además, podamos también convertir las economías locales que, en este momento son económicas para la guerra y económicas para la ilegalidad, pero también para modificar los lazos sociales a nivel local, entonces por eso es todo un proceso de construcción de paz. Es que a veces lo que se nos olvida es que nosotros tenemos regiones completas que, durante décadas, han estado hechas para la guerra, que han estado hechas para el narco, que han estado hechas para la legalidad, y lo que tenemos que cambiar son estas lógicas que tienen décadas en ese tipo de regiones. Y para eso tenemos que echar mano de los procesos de construcción de paz. Entonces, en realidad, es un proceso muy largo. Podríamos, por ejemplo, comenzar con algunas regiones. Algo que a mí se me ocurre es que recuperemos, a lo mejor, las circunscripciones que tiene, por ejemplo, la Guardia Nacional que son 248; podemos identificar cuáles son las que se encuentran en semáforo rojo, amarillo y en verde; y podemos pensar cómo vamos a entrar a las que se encuentran en un color rojo, que podrían ser las más violentas, y cómo vamos ahí a comenzar con este proceso de reinserción social, de desarme, de desmovilización. Obviamente, no quiero ser ingenuo, creando una amenaza creíble, porque si no tienes una amenaza creíble, pues nadie, obviamente, va a aceptar ese proceso de negociación. Entonces, es mucho, muchísimo, el camino que tenemos por andar para tener paz duradera. Porque, finalmente, lo que queremos es tener paz duradera, el gran problema es que yo no veo que comiencen, entonces, si bien es cierto que es muchísimo trabajo, pues se podrán imaginar que entre más nos tardemos en comenzar, pues más nos vamos a tardar en tener eso que tanto anhelamos, que es una paz duradera.

[Jacobo Dayán]: Agregaría, a lo que has comentado, que se requeriría también hacerse cargo de la violencia, es decir, tener mecanismos extraordinarios de reparación a víctimas, y no centrada únicamente en lo económico, y, evidentemente, tener instituciones y capacidades de búsqueda de personas desaparecidas, que sigue siendo todo un reto, así como el rezago forense que hay en el país. Te pregunto, Luis Daniel, de qué manera se implementa esto. ¿Hay propuestas para hacerlo o estamos partiendo de cero? ¿Hay que empezar a imaginar desde cero? ¿Hay ya algo caminado? ¿Cómo se hace este trabajo?

[Luis Daniel Vázquez]: Mira, el otro día estaba escuchando justamente una charla con Claudia Paz y Paz, y ella decía con mucha claridad que se necesita del apoyo político de los más altos niveles para echar a andar procesos de justicia transicional, y lo aclara como sucedió, en su caso, en Guatemala. Y ése es el gran problema o la gran paradoja que nosotros tenemos; que tenemos muchos gobernantes que son parte de la red de macrocriminalidad, que necesitamos de su apoyo, pero que muchos de ellos están acostumbrados, más bien, a hacer un uso político de la justicia, a utilizar la justicia como mecanismo de construcción de la estabilidad política, por medio de amenazas en lo oscurito e individualizadas, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado, ¿no? Pues es una paradoja o una contradicción lógica, al menos, porque necesitamos de ese apoyo, pero difícilmente vamos a tener ese apoyo. No se ha roto el pacto de impunidad en ya varias alternancias y no parece que se vaya a romper en el futuro. Entonces, esa es la parte muy complicada, pero, bueno, lo que tenemos que seguir pues es intentado, en la medida que se sigue recrudeciendo, obviamente, la violencia en el caso de México; que seguimos teniendo 30 mil personas asesinadas por año, más de 30 mil personas asesinadas por año, en realidad. Y, lamentablemente, siguen desapareciendo las personas, pues, obviamente, el problema sigue ahí. Y en algún momento habrá una buena coyuntura, donde podemos avanzar un poquito con una Comisión de la Verdad, un poquito con el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que nos escuchen, que la construcción de paz es la forma adecuada de pensar una política de seguridad. Entonces, pues básicamente es eso. Y la realidad es que ya hay propuestas, como bien me preguntabas si ya había propuestas al respecto, pues las hay. Sobre todo en el 2018, cuando te digo que todos pensamos que se abría un margen o un marco de oportunidad para arrancar con esta ruptura del pacto de impunidad. Bueno, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil pero también, pues, de activistas, en mi caso de académicos, por ejemplo, incluso de periodistas, hicimos una propuesta que trabajamos… bueno, ya la veníamos trabajando desde hace como dos años, pero se consolidó justo entre julio del 2018 y la presentamos, si mal no recuerdo, en enero del 2019, que va por ahí; que va por la Comisión Nacional de la Verdad, el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, un Sistema de Reparación de Víctimas, en fin, por ahí se va a trabajando. Entonces, ahí ya tenemos una propuesta muy elaborada. El propio gobierno estuvo trabajando con una propuesta, que finalmente después no aplicó y que vemos algunos de sus elementos de la propuesta gubernamental en el Plan Nacional de Seguridad, el que se presentó en octubre del 2018, que en sus primeros puntos habla de varios de estos elementos, que integran una lógica de justicia transicional y de construcción de paz; incluyendo los procesos de desmovilización. Ahí ya hablaban de la desmovilización de la base criminal que era una de las cosas más interesantes del plan, pero que, finalmente, no aplicaron, junto con otros que tenemos pendientes, que es la legalización de las drogas blandas y los cupos para las drogas duras. Y, pues, ahí tenemos una propuesta. Luego, en combinación el CIDE [Centro de Investigación y Docencia Económicas] con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por esa época también, es decir, mediados de 2018 y principios del 2019, también construyeron una propuesta de justicia transicional que, bueno, pues era un poco porque parecía que por ahí íbamos a empezar avanzar, pero lamentablemente no fue así. Entonces, podríamos recuperar esos como insumos, justamente, de una propuesta que podríamos pues iniciar en el corto plazo y madurar en el mediano para que tenga algunos resultados o algunos impactos en el largo plazo. Pero si no avanzamos en eso, no veo cómo vamos a construir paz duradera.

[Jacobo Dayán]: Buenos, pues ahí están las propuestas que se han trabajado, que hemos trabajado un montón de gente en este país. Parece que lo que nos sigue haciendo falta es voluntad política y presión social. Hay que hacer pedagogía sobre la lógica de la violencia, la lógica de la impunidad y los caminos para recuperar al estado y la construcción de paz. Ahí está el camino y, seguramente, seguiremos discutiendo estos temas de central relevancia para el país, lo que algunas y algunos dicen que es la agenda fundamental de México. Hasta luego.

CulturaUNAM presentó.

UNAM

[Fin de Podcast]

Semblanza de invitado

Luis Daniel Vázquez: Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política. Sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; los estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado; y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.