Transcripción de Por la Dignidad Humana

Segunda Temporada #PodcastCulturaUNAM

Capítulo 2: Agresiones a periodistas

Anfitrión: Jacobo Dayán

Invitado: Jorge Israel Hernández

[Intro]: La salud, en términos del ejercicio periodístico, en sociedades que se presumen o aspiran a ser democráticas, es un indicador sustantivo, en términos de la salud del colectivo, del entorno social.

Si los periodistas se ven impedidos a ejecutar su ejercicio, hay vacíos de información, hay lagunas que no permiten que el entorno social esté enterado de lo que sucede a diario en su propio entorno, en su propia dinámica cotidiana. Y eso nos impide, como sociedad, tomar decisiones, exigir rendición de cuentas, que se valore el trabajo de funcionarios y funcionarias y tiene consecuencias brutales para las dinámicas democráticas en un país.

Rúbrica: I had a dream that all men are created equal (voz de Martin Luther King). CulturaUNAM presenta. Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los Derechos Humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar [Dos voces de locutoras] “Por lo que fue y por lo que pudo ser…” [Fragmento de El Aguante de Calle 13]. Por la Dignidad Humana. Un podcast de la Cátedra Nelson Mandela.

[Habla Jacobo Dayán]: Qué tal, soy Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra [Extraordinaria] Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, en este pódcast estaremos hablando sobre la violencia contra las y los periodistas, con el profesor de la UNAM y del CIDE, periodista y experto en derechos humanos, Jorge Israel Hernández. Jorge, gracias por esta plática.

[Habla Jorge Israel Hernández]: Jacobo, es un gusto estar aquí contigo y con la gente que sigue este podcast de la Cátedra Mandela de la UNAM.

[Jacobo Dayán]: A ver, Jorge, la primera pregunta obligada y un poco también como respuesta a lo que se ha venido argumentando desde el poder en varias ocasiones. En un país desbordado de violencias, por qué es particularmente relevante hablar de la violencia contra las y los periodistas.

[Jorge Israel Hernández]: Mira Jacobo, evidentemente hay un contexto de violencia generalizada, de múltiples violaciones a derechos humanos, con distintos niveles de gravedad, pero en particular en contextos como éste, o incluso en contextos en donde la violencia no es el común denominador, hay perfiles de población que requieren protección específica. ¿Por qué? Porque están ante una amenaza específica. Digamos, en el caso de México, en donde hay un alto índice de asesinatos o de crímenes; de violencia y amenazas al grueso de la población. A los periodistas se les amenaza, se les intimida, se les obliga a desplazarse o incluso se les asesina por el hecho de ser periodistas. Esto marca una diferencia con el resto de la población que sí se ve, digamos, afectada por un clima de inseguridad y violencia, por el hecho de ser ciudadanos; en el caso de periodistas es exclusiva y directamente relacionado este riesgo por su ejercicio profesional.

Es por esto que hay en las directrices internacionales, tanto en el sistema de Naciones Unidas, como regionales (en el caso de la OEA) especificaciones; mandatos específicos para los estados, para que en aquellos casos en donde los periodistas son agredidos o violentados, como consecuencia del ejercicio de su profesión, tengan una protección específica, diferenciada del resto de la población.

[Jacobo Dayán]: Yo agregaría que, adicionalmente, la protección a los periodistas beneficia a la ciudadanía en general. Es decir, una sociedad donde la violencia contra la prensa obliga a no publicar, a no investigar, golpea derechos del resto de la población. Entonces, también hay una particularidad en ese sentido, que las sociedades se ven afectadas por estas amenazas o estas agresiones, que generan zonas de silencio de las que hablaremos un poco más adelante.

Es evidente que en México los niveles de impunidad hacen prácticamente imposible saber las razones por las cuales se agrede a la prensa, pues no hay investigaciones serias y profundas. Y también eso genera que no sepamos quiénes son los perpetradores. Por lo regular de lo que se habla más, por razones obvias, es de los asesinatos, pero bien decías al inicio, la violencia va mucho más allá. Es decir, hay amenazas, hay presiones para que los periodistas dejen de trabajar; existe la censura dentro de los medios; y tienen que desplazarse. Y hay algunas organizaciones que han monitoreado esto y quiénes son los posibles perpetradores; por lo regular se piensa que los perpetradores son el crimen organizado (que es la fácil) en el caso mexicano. ¿Pero es el caso o existe la participación importante de distintos agentes del Estado en los tres niveles de gobierno?

[Jorge Israel Hernández]: Mira, como dices, los altos índices de impunidad que rondan el 96, 98 o 95%, dependiendo la fuente que se consulte (pero que evidentemente están por arriba del 90%), no permiten tener una verdad jurídica, vamos a llamarlo así. Es imposible jurídicamente determinar quiénes son los perpetradores, y como no hay una investigación sólida, no hay procuración ni administración de justicia, en el caso de periodistas y en el caso global de delitos, tampoco se puede conocer a los actores intelectuales… de manera jurídica. Pero, como dices, hay organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que han documentado quiénes son los presuntos perpetradores. Y no únicamente eso, hay cifras oficiales (porque las divulga la propia Secretaría de Gobernación, porque responden a ejercicios de evaluación de riesgo que hace la Secretaría de Gobernación) en donde se estima que más del 40% de los perpetradores, de violencia en contra de periodistas, son funcionarias o funcionarios de distintos niveles del andamiaje estatal. Esto genera una doble responsabilidad, digamos, en el supuesto (que no lo podemos confirmar) que solamente se tratara de agresiones que provoca la delincuencia o el crimen organizado, ahí también habría responsabilidad del Estado por omisión.

El estado debe garantizar que no existan estas agresiones o estas amenazas y la responsabilidad se acentúa cuando es la propia Secretaría de Gobernación quien nos dice, quien publica, oficialmente, que más del 40% de estas agresiones surgen de la función pública, del servicio público, ahí hay acciones concretas de actores estatales de distintos ámbitos, no únicamente actores estatales encargados de la seguridad.

Se han documentado agresiones y violencia que proceden de ejecutivos: esto es gobernadores o presidentes municipales, que tienen consecuencias en muchos casos irremediables para periodistas. Y ya lo planteaba hasta hace un momento, la salud, en términos del ejercicio periodístico, en sociedades que se presumen o aspiran a ser democráticas, es un indicador sustantivo, en términos de la salud del colectivo, del entorno social.

Si los periodistas se ven impedidos a ejecutar su ejercicio, hay vacíos de información, hay lagunas que no permiten que el entorno social esté enterado de lo que sucede a diario en su propio entorno, en su propia dinámica cotidiana. Y eso nos impide, como sociedad, tomar decisiones, exigir rendición de cuentas, que se valore el trabajo de funcionarios y funcionarias y tiene consecuencias brutales para las dinámicas democráticas en un país.

[Jacobo Dayán]: Es decir, lo que tenemos es un ecosistema de medios en el país, desde los más grandes, a nivel nacional, hasta los más pequeños, en lo local, donde esta presión o esta violencia, ejercida por distintos actores, ya sean del crimen organizado, ya sean actores estatales, del Estado, o incluso grupos empresariales (por intereses propios) generan procesos de censura en los medios o de autocensura.

Es decir, tenemos un ecosistema en esas condiciones, donde en lo local se generan estas zonas de silencio. ¿Nos podrías un poco hablar de eso?

[J. I. Hernández]: Claro, y no únicamente en medios. Hay decisiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que define a un periodista no por su vínculo profesional con un medio de comunicación sino por su ejercicio profesional cotidiano. Entonces, también estamos hablando aquí de periodistas independientes que trabajan por su cuenta y tienen espacios digitales en donde divulgan la información; o periodistas independientes, que trabajan y venden sus productos periodísticos a medios establecidos, pero no tienen una relación contractual formal. Hay vacíos de información y esto es lamentable en muchos sentidos, pero digamos, aquí es importante hablar de las múltiples violencias a las cuales emprende el ejercicio político en México. Y, digamos, la más grave, la más visible, la más evidente y la más atractiva, en términos de discurso público, es aquella violencia física que detona incluso asesinatos. Pero esto se da por un ecosistema muy viciado, de origen, muy dañado, en donde los periodistas padecen una orfandad múltiple, permíteme plantearla así.

Una, la más evidente, como decíamos, es la ausencia de herramientas de protección o de acompañamiento del Estado para que puedan ejercer su profesión libre de riesgo. La segunda, hay un abandono, en términos de capacitación de formación. Los espacios de educación, tanto públicos como privados, en los últimos 10, 15 o 20 años han ido abandonando la capacitación, la formación de periodistas por una dinámica propia del mercado, que ha orientado los programas educativos hacia la comunicación social y ha abandonado herramientas específicas del periodismo. Con esto, la gente que se dedica al periodismo está menos formada, tiene menos herramientas teóricas y prácticas para ejercer su labor de manera cotidiana. Y el tercer grado de orfandad, que me parece muy delicado, es el abandono en el que el propio entorno social tiene a sus periodistas; no hay una dimensión, no alcanzamos a dimensionar como sociedad el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana cada que se silencia la voz de un periodista, o cada que un tema deja de ser investigado o analizado periodísticamente y divulgado, como consecuencia de esta investigación.

Entonces, me parece que es un escenario mucho más complejo que la agresión en sí, que la violencia física en sí, sumado a esto, hay condiciones de trabajo muy precarias. Se ha hablado, incluso el presidente la República, de manera frecuente, hace referencia a periodistas o comunicadores que ganan cientos de miles de pesos, de manera mensual. El promedio de ingreso de un periodista, a nivel nacional, es de entre 5 y 8 mil pesos. Pensemos, la gente que nos escucha, que con este salario deben de satisfacer necesidades de vivienda, de alimentación, seguramente de hipotecas, créditos, educación para sus hijos, etcétera, etcétera. Es muy complejo, y esto coloca a los periodistas en situaciones de vulnerabilidad, sumado a una mala formación, un abandono del entorno social y un abandono en términos de garantías de seguridad, que los coloca en riesgo constante. Y ante el hecho ya de una violación concreta, ya sea por amenazas o intimidación, se les obliga a desplazarse o son asesinados o violentados en su entorno familiar, hay una indefensión ante la necesidad de que se investigue, se sancione y se repare el daño en términos, evidentemente, de derechos humanos.

Esto genera vacíos temáticos, se ha hecho análisis a través de distintas organizaciones de la sociedad civil, en donde el grueso de los periodistas amenazados y/o asesinados estaban investigando sobre todo asuntos de corrupción, en donde se vincularía, como consecuencia de estas investigaciones, a actores estatales, a funcionarios y a funcionarias con el crimen organizado precisamente.

[J. Dayán]:¿Y/ o a empresas?

[J. I. Hernández]: Y/o a empresas. Y son esos periodistas quienes se están, digamos, colocando en un foco de riesgo aún mayor y eso, también, nos hablaría en algún momento, si hubiera investigaciones, de una línea de investigación natural: “la corrupción como un espacio de riesgo para quien pretenda conocer y dar a conocer información en donde se relaciona a empresas, delincuencia y funcionarios, en distintos niveles.” Son estos los periodistas que mayor riesgo corren hoy en día.

Hace años los que corrían mayor riesgo eran aquellos que retaban, públicamente, la autoridad pública, a actores estatales. Hoy en día la dinámica ha cambiado y encontramos justo eso: periodistas que investigan corrupción son los que están más en riesgo. Sobre todo aquellos periodistas que investigan no corrupción, digamos, a nivel nacional, desde la Ciudad de México, sino aquellos periodistas que realizan investigación de vínculos a nivel municipal o a nivel estatal, en términos en la jerga periodística, “en terreno”. Es ahí en donde se está viendo un alto impacto de violencia. Y en los últimos meses se ha acentuado, digamos, ha cambiado un poco el foco de quiénes son los agredidos. Y empieza a destacar, aún más, la curva de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que están investigando impacto medioambiental de obras o de desarrollo de infraestructuras de alto impacto medioambiente. Son estos actores, estos periodistas y estos defensores que empiezan a ver cómo crece la cifra de agresiones y asesinatos vinculados a investigaciones con el tema medio ambiental.

[J. Dayán]: En este escenario que pintas, Jorge, cómo entra el discurso desde la máxima tribuna, es decir, el presidente de la República, donde él insiste en que lo único que está haciendo es ejerciendo su derecho a expresarse, con un discurso abiertamente ofensivo, de manera general a la prensa y, particularizado, en algunos casos.

[J. I. Hernández]: Ahí hay una lectura equivocada del presidente y de muchos otros funcionarios que han seguido esa línea discursiva o narrativa. Argumentan el ejercicio libre de su libertad de expresión. Hay una lectura diferenciada de los derechos cuando hablamos de ciudadanos, en general, o de personas en general, no únicamente ciudadanos, y cuando hablamos de personas que pertenecen al servicio público. En el caso de la libertad de expresión, la lectura que se le da a este derecho, cuando se trata de servidores o funcionarios, es una traducción que tiene que ver con la rendición de cuentas.

La libertad de expresión para servidores y funcionarios es mucho más limitada y se amplía el margen de escrutinio público. Recordemos que la libertad expresión, además de que facilita y permite la expresión de ideas y pensamientos, también se convierte en una herramienta de transparencia y acceso a la información. Eso es lo que aplica para funcionarios, a diferencia de personas, de ciudadanos, en general. Y hay una limitación para este ejercicio de la libertad expresión en el caso de funcionarios; el ejercicio periodístico, evidentemente, es un trabajo que debe de ser sujeto a revisión, al escrutinio sí y sólo sí sea un escrutinio que realiza el entorno social, no el funcionario que es objeto de las investigaciones periodísticas. Lo que toca al funcionario, en términos de ejercicio periodístico, es la apertura en términos de información, estar dispuesto a que se haga un escrutinio de su ejercicio como funcionario. Ahora, cuando el presidente y otros funcionarios califican el trabajo periodístico, califican el trabajo de medios específicos o de periodistas con nombre y apellido, lo que generan es una estigmatización de este trabajo. Y lo que se provoca es un efecto cascada que permea en todo el andamiaje estatal y permite, facilita, da el visto bueno a que funcionarios de distintos niveles califiquen, evalúen y violenten en el ejercicio periodístico.

Esto es, digamos, peligrosísimo en términos sobre todo de la seguridad en un contexto como en el que vivimos y en el que viven periodistas de México, que ya lo han dicho varias voces nacionales e internacionales, calificadas, especializadas, organismos internacionales; recientemente el Parlamento Europeo: “México es el país que tiene mayor riesgo para sus periodistas, dentro de los países que no están en un conflicto declarado”

Esto es un indicador brutal. Hasta hace pocos años México era el país más peligroso en Centroamérica, después fue el país más peligroso en toda América. Hoy en día, es el país más peligroso que no está en conflicto, en todo el mundo, eso marca una dinámica de escalada que tiende a ser muy peligrosa y que no hay respuesta efectiva ante esta situación.

[J. Dayán]: Ahora, al principio hablabas acerca de la impunidad casi absoluta, como casi todas las cosas en este país, en México, hemos tenido la costumbre, me parece, mala costumbre, de pensar que la impunidad es irremediable. Y a partir de que no se puede hacer nada, en términos de justicia, empezar a crear andamiajes institucionales que traten de paliar un poco el tema de la impunidad.

Se ha creado un mecanismo extraordinario, es decir, hay que entender que en los países donde no hay violencia contra los medios no existe un mecanismo de protección a defensoras o defensores de los derechos humanos, periodistas… en México existe un mecanismo. Y se cree que el mecanismo, por sí solo, de manera extraordinaria, podría contener las violencias y generar las condiciones para que no vuelvan a ocurrir este tipo de crímenes.

El mecanismo evidentemente, Jorge, no es suficiente pero tampoco está haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo tendría, en una estructura de política pública coherente, caer un mecanismo de protección para que cumpla con las funciones para las que, en teoría, fue creado?

[J. I. Hernández]: Mira, ahí, como lo dices y para dar un poco de contexto: la impunidad se puede solucionar, sin duda, y es un asunto de acciones concretas y tiene que ver con la procuración y la administración de justicia.

En este país no hay… no había una Procuraduría General de la República ni procuradurías locales autónomas y, hoy en día, después de una larga lista de reformas no hay fiscalías autónomas, siguen dependiendo de los poderes ejecutivos, de los poderes políticos, de los partidos políticos incluso. Entonces, no hay una capacidad real de respuesta, honesta, legítima, en donde se investigue de manera efectiva.

En el supuesto, utópico, caso en donde las fiscalías funcionaran… no tenemos una autoridad administrativa, esto es un poder judicial que funcione tampoco. Entonces, es un efecto dominó en términos negativos por donde quiera que se le vea.

Este diagnóstico no es nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, en este sentido tenemos años, décadas, arrastrando con estas carencias en la procuración y administración de justicia. Y volvemos al tema de hace unos minutos: hay una colusión de muchos funcionarios en esta estructura estatal con delincuencia organizada, con empresas, con intereses, que no permiten que se clarifique judicialmente el asunto. Este diagnóstico, como decíamos, no es nuevo y a finales del sexenio del presidente Calderón (2010 o 2011) se trabajó, se pensó desde sociedad civil, con un impacto muy fuerte que tuvo la visita especial de los relatores de libertad de expresión, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana que, para mayor contexto, fue la primera visita, a nivel global, de las dos relatorías, de los dos sistemas de protección, de manera simultánea, a un mismo país. Esto sucedió en México.

Esto nos habla de cómo los sistemas de garantía y protección internacionales detectaban ya, desde el 2010, que en términos de agresiones a periodistas algo grave estaba pasando en México.

Vinieron los dos relatores, la relatora Botero [doctora Catalina Botero Marino] y el relator La Rue [doctor Frank La Rue] y como parte de las recomendaciones que hicieron al estado mexicano fue la creación de un mecanismo de protección a periodistas, como ya lo decías, la palabra clave aquí es un mecanismo “extraordinario”. ¿Por qué? Porque hay un andamiaje ordinario que debería de garantizar la protección de periodistas, esto es, en ese entonces, la Procuraduría General, hoy la Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sus distintos reflejos o espejos estatales; la propia Secretaria de Seguridad Pública, la cancillería, en fin, todo el andamiaje del estado mexicano que debe de abocarse a la protección de la población en general y tiene herramientas, dientes y legislación, para dar protección específica a periodistas.

Este andamiaje no ordinario no funcionaba y se creó, por iniciativa de sociedad civil y con un gran empuje de los organismos internacionales, el mecanismo de protección que se dio a conocer en el 2012, a finales del sexenio de Calderón e inicio ya, de la administración del presidente Peña Nieto.

¿El mecanismo funciona? No. No funciona. Y sobre todo, no cumple con las expectativas que se tienen sobre él. ¿Por qué no cumple con las expectativas? Porque la expectativa es, justamente, de procuración de justicia. Y el mecanismo no investiga, no procura justicia; el mecanismo es una herramienta reactiva que ante una situación de amenaza o de violencia ya ejecutada, genera una valoración de riesgo y se asignan medidas de protección a la persona afectada, periodista o defensor de derechos humanos. En el ánimo de inhibir la violencia, no de erradicar la violencia. Eso sigue siendo responsabilidad del andamiaje ordinario. Ahora, hubo un error en aquella configuración del mecanismo; el error fue no darle una temporalidad. La lógica era que existe un mecanismo en tanto el Estado robustece, fortalece, su andamiaje ordinario; en tanto la Procuraduría General de la República procura justicia, los cuerpos de seguridad generan seguridad y dejan de violentar a periodistas; la CNDH genera medidas, más allá de recomendaciones, para que se garantice, no únicamente la seguridad sino medidas integrales, no únicamente que inhiban la violencia sino que la erradiquen.

Esto, el mecanismo, está muy lejos de conseguirlo porque no está en su mandato, hay otro error sustantivo en la configuración del andamiaje del mecanismo que es la integración de una Junta de Gobierno que toma las decisiones de las medidas de protección. Y en esta Junta de Gobierno, entre otros actores, están la Fiscalía, que no funciona, la CNDH, que no funciona, y la Secretaría de Seguridad Pública que no funciona.

Entonces, el mecanismo le mandata a instituciones que no funcionan que hagan su trabajo. ¿Quién se lo mandata? Pues, las instituciones no funcionan. Es un error de diseño que habría que asumir responsabilidades desde la sociedad civil y quienes tuvimos la fortuna de participar en esos primeros momentos del mecanismo.

¿Qué debería de suceder? Una, que se cumpla la ley existente de protección y que el mecanismo cumpla en términos de su mandato, hasta donde llega su mandato. Y otra, digamos, pensar que la Fiscalía General de la República va a funcionar de la noche a la mañana, es un sueño utópico. No va a suceder. Me parece que habría que apostar por instancias mucho más robustas, con un acompañamiento internacional, muy puntual, con independencia y autonomía del propio estado mexicano y con mandato de injerencia en decisiones del Estado Mexicano. Hay distintos ejercicios de este tipo, como CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), en Guatemala, que tuvo un impacto muy fuerte, en términos de impunidad sobre crímenes del pasado, y bien valdría evaluar la posibilidad de algo así para el estado mexicano o un modelo mucho más integral, como la Jurisdicción Especial Colombiana, que viene haciendo trabajo desde hace algunos años, con un mandato temporal muy concreto.

La Jurisdicción Especial tiene un mandato de x cantidad de años, en la lógica de que en ese tiempo debe cumplir con su mandato, y a partir de ese momento, en adelante, es el estado colombiano quien recupera la obligación de satisfacer las necesidades en términos de los derechos humanos, específicamente, en la cartera temática que lleva la jurisdicción en especial. Algo así, quizá habría que ir pensado para México, aunque se antoja difícil, por lo menos a corto plazo, cuando vemos que ante señalamientos de gobiernos e instituciones extranjeras, la respuesta es hablar de “injerencia, de “imperialismo”, de resistencia ante la violación a la soberanía, etc.

Entonces, evidentemente, ése es un discurso maniqueo y falso pero habría que ir apostando a que a un corto o mediano plazo a que eso suceda. En tanto no se ve que haya una inversión real, permíteme hablar de “voluntad política”, aunque suene muy amplio y poco asible el concepto (pero realmente es eso) de que las instituciones ordinarias funcionen. Se han invertido muchos recursos, no únicamente del estado mexicano, de cooperación internacional, para capacitación, jueces y juezas, investigadores de las fiscalías, capacitación a cuerpos de seguridad (tanto civiles como militares), para que inhiban, para que entiendan, que un alto porcentaje de sus acciones, al momento de interactuar con periodistas, viola los derechos humanos de periodistas, y los coloca en riesgo. El escenario es muy desalentador, como te podrás dar cuenta.

[J. Dayán]: Si, bueno, es desalentador como en varias áreas, lo que tenemos son algunas instituciones extraordinarias creadas, como el mecanismo, como la Comisión Nacional de Búsqueda, incluso como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tienen que articularse con instituciones ordinarias que no están funcionando. Entonces, como bien dices, y en algunos otros temas, se ha hablado al respecto, en cuanto a reparación a víctimas, a búsqueda de personas desaparecidas… En este caso, tú lo mencionas sobre agresiones a periodistas, se tendría que crear un andamiaje extraordinario temporal que incluya mecanismos de verdad, de justicia, de protección, de reparación, en lo que se fortalecen las instituciones ordinarias, para trabajar en paralelo. Pero lo que vemos hoy, es que se intentan crear, de manera paliativa, estos organismos extraordinarios que no están funcionando. Y, vamos, lo que dices sobre el mecanismo es lo mismo que había hecho la Comisión Nacional de Búsqueda: que, a fin de cuentas, pues no puede operar porque tiene que articularse con las fiscalías; y lo mismo que dicen las comisiones de atención a víctimas. Es decir, se han hecho paliativos, pero no se ha abordado el problema de fondo. Y resulta complejo pensar que estos órganos extraordinarios vayan a poder solucionar el problema, mientras los ordinarios están abandonados.

Pues yo terminaría, Jorge, preguntándote, cuáles, digo… yo sé que es muy difícil preguntar, por el ambiente o por la sensación en el gremio periodístico, el gremio es demasiado diverso, es muy diverso, es amplio, es complejo, como cualquier colectivo social…Pero, a grandes rasgos… ¿Hay un hartazgo ya? ¿Hay una frustración, hay miedo, qué hay en el gremio?

[J. I. Hernández]: Mira, es una dinámica cíclica, como bien dices, es muy difícil hablar de un gremio homogéneo; hay distintas realidades, hay distintos ejercicios, hay distintos puntos desde el cual el periodista se para, a nivel nacional, y ejerce su oficio. Entonces, es muy difícil hablar de una sensación colectiva, homogénea, Por un lado hay hartazgo, pero el hartazgo queda inhibido ante el miedo; no hay hartazgo que soporte las amenazas. Pensemos que periodistas, no únicamente, se inhiben en su ejercicio profesional por las condiciones de riesgo que hay, también se inhiben en su expresión pública de inconformidad, porque eso los coloca en riesgo también. Pensemos que es, digamos, medianamente más viable, que un periodista con mucha exposición, que trabaja en un medio de dimensiones nacionales, que tiene solventadas sus necesidades cotidianas, pueda y tenga herramientas para manifestar públicamente su inconformidad; ya sea en una marcha, con una carta, con un desplegado, en el Twitter, como queramos… en una conferencia de prensa. Ahora pensemos en la realidad que viven periodistas a nivel municipal, a nivel local, en donde de manera cotidiana están interactuando con su agresor. ¿A quién le va a reclamar ese periodista? ¿Al presidente municipal que es quien lo está violentando? ¿Al gobernador, que es el que lo está amenazando? ¿Al que tiene los recursos para no darle recursos de publicidad oficial a su medio? ¿A quien lo puede ahorcar metafórica y físicamente? Es imposible. Entonces, el hartazgo se ve inhibido por el temor, cada vez es más frecuente que los periodistas vean que la violencia se acerca a sus entornos; que los colegas asesinados antes estaban a kilómetros de distancia y ahora están a metros, o pocas calles. Lo veíamos justo hace algún tiempo con los asesinatos de periodistas en Michoacán, en donde dentro del contexto del velorio del periodista asesinado, los periodistas que hacen la cobertura son amenazados. Ya es una locura, digamos, no hay un espacio de garantía ni de respeto. Dejemos ya a los periodistas, a la vida misma en el país.

Entonces, me parece que habría que acompañar mucho más al entorno periodístico para que tengan la posibilidad de exigir protección, rendición de cuentas y garantía.

Ahora, el tema de las instituciones extraordinarias, como bien lo decías, deben de tener una temporalidad específica, de lo contrario este andamiaje extraordinario se convierte en el mejor pararrayos para el andamiaje ordinario. Digamos, ante la violencia, la agresión, el asesinato de un periodista o de un defensor de derechos humanos, son los propios funcionarios del andamiaje ordinario quienes señalan las carencias del mecanismo extraordinario. Y no se hacen responsables del asunto. Entonces, la temporalidad de los andamiajes extraordinarios nos va a permitir que, llegado un momento, la exigencia de seguridad sea explícita ante los funcionarios del andamiaje ordinario y su obligación de mandato sea directo. Porque hoy por hoy el mecanismo, lejos de que no se cumpla la ley, que lo creó se vuelve el mejor pretexto para que las agresiones sigan funcionando y para que el andamiaje ordinario se deslinde de responsabilidades y las coloque en el extraordinario.

[J. Dayán]: Una última pregunta para terminar. ¿Tú estás en contacto con estudiantes que quieren ser periodistas? ¿Qué opinan… qué dicen las y los estudiantes sobre este entorno?

[J. I. Hernández]: Mira, hay temor pero lo que al menos he detectado y tengo que partir del privilegio de convivir con estudiantes de zonas urbanas, de la Ciudad de México, con condiciones muy distintas a las que se pueden vivir en los estados de la República, en donde la violencia se acentúa.

A mí me parece que hay conocimiento del tema, por lo que se divulga, en algunos medios e incluso del boca a boca dentro del gremio, pero no hay mucha conciencia de la realidad concreta en terreno. Todos hablamos de violencia, todos hablamos de agresiones, todos vemos en las notas cuántos periodistas (en términos cuantitativos) han sido agredidos, pero me parece (y no sé si esto rebase únicamente al ecosistema de estudiantes que quieren ejercer el periodismo o es un tema generacional o un tema social), no alcanzamos a dimensionar la gravedad y la situación de violencia y de violación a derechos humanos que se está dando en el país.

La gente que hoy se acerca a estudiar periodismo o que pretende ejercerlo de manera profesional, me parece que conoce tangencialmente del tema, pero no dimensiona la gravedad del asunto. Y me parece que ahí hay una carencia en términos de formación, también. Deberíamos de empezar a formar… los programas académicos que forman periodistas deberían de considerar en su malla curricular este tema: la violencia, las agresiones y, por un tiempo, lamentablemente, ojalá no hubiera necesidad de integrar en planes de estudios herramientas de autoprotección, de gestión de riesgo pero, por un tiempo, me resulta, me parece, indispensable considerar estas herramientas.

[J. Dayán]: Bueno, pues yo nada más terminaría agregando que la sociedad en general tenemos que asumir que hay algún tipo de actitud activa sobre estas violencias, porque no hay democracia, no hay vida sana, democrática, sin medios libres, plurales y que hagan periodismo en las mejores condiciones posibles. Para ello también se requeriría una articulación, no nada más de la sociedad sino de los propios medios, para proteger desde los más grandes hasta los más pequeños.

Bueno, pues seguramente estaremos viviendo años complejos de la violencias en nuestro país, particularmente en los medios. Jorge, muchas gracias.

[J. I. Hernández]: Jacobo, gracias por esta conversación y, sobre todo, gracias por mantener vivo en el debate público estos temas que, lamentablemente, obviamos o queremos no ver porque nos resulta más cómodo o menos incómodo hacerlo.

[J. Dayán]: Seguiremos hablando de esto, gracias, Jorge.

[Fin de Podcast]

Semblanza de invitado

Jorge Israel Hernández: es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); además de periodista y experto en derechos humanos.